Por los derechos de la comunidad capitalina en la salud

Por: Marco Cañón

mac4813@gmail.com

FOTO: Hospital Rafael Uribe Uribe/saludcapital.gov.co

La crisis en la salud tocó fondo y los más perjudicados son los usuarios. Paseos de la muerte, fallecimientos de pacientes en las puertas de las EPS; y quejas constantes siguen siendo el pan de cada día en Bogotá. Dos hechos prendieron nuevamente las alarmas, la muerte de José Angel Chíquiza, quien esperaba en la puerta de la EPS Comfacundi a que lo atendieran; al igual que la muerte de la la niña Ana María Forero Villamil de escasos 11 meses de edad en la IPS Clínica Cafam. Los usuarios no aguantan más.

Ante la gravedad de la situación, un grupo de ciudadanos organizados y querientes de la salud, se está dando a la tarea de buscar respuestas que mitiguen estas problemáticas y a su vez que mejoren la oportunidad, la calidez, la calidad y la humanidad en la prestación de los servicios, también de exigir que la salud sea elevada al rango de derecho constitucional. Para ello están adelantando gestiones con el Gobierno tanto nacional, como distrital con resultados que ya empiezan a verse.

Una de las iniciativas y propuestas de cambio, tanto de fondo como de forma, tiene que ver con la mejora de las instancias de participación, en donde logremos convertir al ciudadano en actor de su propio crecimiento y desarrollo, está fundamentada en cuatro ejes:

• Incluyente
• Vinculante
• Incidente
• Decisivo

Como también en la implementación de un nuevo modelo y cultura participativa, que involucre a la comunidad en la participación, el control social y la veeduría. Que haga cumplir la ley con miras a beneficiar a los usuarios. El otro tiene que ver con la propuesta de dar ejecución a cabalidad a la sentencia T760, con la cual se pretende dar respuesta a los problemas que tienen que ver, con las violaciones al derecho a la salud de los colombianos y al reflejo de las dificultades estructurales del Sistema General de Seguridad Social en salud, generadas principalmente por las diversas fallas en su regulación. Quedando adportas de la propuesta de verdaderas políticas públicas para la solución de este problema.

En ese sentido, se plantea la creación de la Dirección de Participación Social con garantía de financiación y sostenibilidad tanto del Ministerio de Salud y Protección Social, como de la Super Intendencia Nacional de Salud y todas las entidades que tienen que ver con el desarrollo y control del Sistema de Seguridad Social en salud.

Se propone además darle vida al Defensor del Usuario, una figura que quedó establecida en el artículo 42 de la ley 1122 de 2007, ratificada por la Corte Constitucional. Esta figura actuaría de manera incluyente, incidente y decisiva a favor de la comunidad, y a su vez serviría de puente entre ésta y el Estado.

Por su parte, miembros de la comunidad mencionada indican que la Constitución nacional en sus artículos 103 y 270 señalan que el Estado contribuirá a la organización, promoción y capacitación de todas las formas de la participación ciudadana en su contenido de reconocimiento a las asociaciones, alianzas y todas las formas de participación a que tienen derecho los usuarios.

No obstante, en la actualidad no se cuenta con una reglamentación, ni categorización para dichas entidades, responsabilidad que le compete al Ministerio de Salud y Protección Social.

La propuesta ya cuenta con el decisivo apoyo de la Secretaría Distrital de Salud y su Dirección de Participación Social y Servicio al Ciudadano en cabeza de Octavio Niño y de las funcionarias Dora Aidee Morales y Gloria Lucía Bejarano. Se espera que más adelante el modelo se replique a otros lugares de la capital y del país.