DECRETOS SOBRE BIOTECNOLÓGICOS Y EPS, OTRA VEZ SOBRE LA MESA

Por: Norberto Patarroyo

La simplificación de la reforma al sistema de salud, que reducirá significativamente el número de artículos del proyecto, se hará simultáneamente con la ejecución de lo que el ministro Alejandro Gaviria llama su 'Plan B o agenda paralela'. 

Entre los puntos de dicha agenda, que no tienen que pasar por el Congreso sino que pueden concretarse con la expedición de decretos, se destacan dos iniciativas: el establecimiento de las condiciones financieras para que las Empresas Promotoras de Salud (EPS) puedan operar, y la reglamentación del otorgamiento de permisos para los medicamentos biotecnológicos. 

Acordar un proyecto más corto para aumentar las probabilidades de aprobación en los próximos tres meses, en medio de unas sesiones del Congreso atravesadas por la campaña presidencial, no será una tarea fácil. Sin embargo, el Gobierno y los presidentes del Senado y la Cámara, donde le faltan los dos debates, están comprometidos a fondo para que el proceso sea exitoso.  

“Estamos reviviendo el decreto de habilitación financiera de las EPS, lo vamos a sacar (expedir) en cuestión de semanas”, dijo Gaviria. Las exigencias de capital y patrimonio serán mayores y se afina la norma para que el margen de solvencia se adecue a la actividad que desarrollan las EPS. Además, fija un plazo perentorio para que, si es el caso, esas empresas se capitalicen y cumplan con el decreto. 

Y si ese tema no deja de generar cierta controversia, el de la regulación de las medicinas biotecnológicas, cuyo plazo para expedirla se venció en enero del 2012, sí que levanta polvareda. El Gobierno tiene la intención de que la normatividad que se expida facilite la presencia en el mercado de dichos medicamentos y de los llamados biosimilares, es decir, que estimule la competencia que conduzca a una reducción de los altos precios de estos productos que sirven para tratar enfermedades como el cáncer. 

No obstante, las farmacéuticas internacionales, asociaciones de pacientes y un sector de la academia se oponen a la propuesta gubernamental (borrador de decreto) con argumentos de calidad y seguridad.