Por: Norberto Patarroyo
La decisión de la Superintendencia de Salud de tomar posesión inmediata e intervenir administrativamente, por 5 meses, 160 sedes, clínicas y centros de atención de la Corporación IPS Saludcoop generó un enfrentamiento entre este organismo y la Contraloría. No es la primera vez que ambos entes chocan por Saludcoop.
En los últimos meses ha habido fuertes discrepancias sobre lo que pasará finalmente con la intervención de la EPS, que está en manos del Estado desde mayo del 2011. El superintendente de Salud, Gustavo Enrique Morales, fundamentó la intervención en el incumplimiento que ha venido presentando en sus indicadores de calidad, la no confiabilidad de sus estados financieros y las fallas en los criterios de habilitación y en los procesos de contratación y facturación.
La contralora Sandra Morelli no solo criticó duramente la naturaleza de la nueva intervención, sino que anunció que demandará ante el Tribunal Contencioso Administrativo la Resolución 467 del 2014, que la soporta. De ser necesario, dijo Morelli, interpondrá una tutela para suspenderla provisionalmente, “pues están de por medio los derechos a la vida y a la salud de millones de colombianos”.
Pero, según la Superintendencia, los indicadores de la Corporación son “factores que ponen en riesgo la adecuada y oportuna prestación de los servicios de salud” que reciben cerca de siete millones de usuarios, por lo que considera que la intervención es una medida necesaria. Sin embargo, Morelli se mostró indignada ante el hecho de que la medida deja sin piso la decisión de la Contraloría que declaró responsables por 1,4 billones de pesos a los antiguos dueños y administradores de Saludcoop, pues levanta todos los embargos existentes y suspende la ejecución de esa medida fiscal.
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